Comunidades de montes y empresas gallegas asentadas en terrenos que en algún momento tuvieron la consideración de vecinales están librando un intenso pulso para convencer a la opinión pública y a la Administración de que a cada uno de ellos le asiste la razón respecto a la titularidad o explotación de un suelo en disputa en cada vez más ayuntamientos de la comunidad. Primero constituyeron un frente los empresarios a los que los comuneros les reclaman una subida en el canon de arrendamiento o defienden como vigentes los contratos suscritos en su día con los ayuntamientos en cuyos terrenos se asientan. Y ahora, son las comunidades forestales las que han constituido otro bloque para intentar blindar, frente a intereses empresariales o reformas legales, los derechos de propiedad que aducen y los tribunales refrendan mayoritariamente.
Veintitrés comunidades y mancomunidades de montes de la provincia de Pontevedra y O Barbanza presentaron ayer un manifiesto en el que defienden la figura del monte vecinal, así como su explotación por parte de dichas organizaciones para albergar desde explotaciones agrarias y forestales a diversos tipos de cultivos, pero también parques empresariales, canteras, minas, plantas de generación de energía o servicios recreativos y ambientales. Ninguna de esas actividades supone, defienden, que las comunidades de montes pierdan los derechos de pertenencia sobre dichos suelos. Su razón se fundamenta en que la legislación que regula los montes de man común los clasifica como bienes indivisibles, inalienables, imprescriptibles e inembargables, con lo que aunque hayan tenido el uso que sea, nunca perderían su condición de comunales.
Leer más: La Voz de Galicia