Valença es aún la opción más atractiva para el traslado de una docena de empresas de Mos y Vigo-Cabral afectadas por la presión de las comunidades de montes, a pesar de la oferta realizada ayer por una delegación encabezada por el presidente de la Autoridad Portuaria, Jesús Vázquez Almuíña, y la delegada de la Xunta, Marta Fernández-Tapias, para que opten por terrenos de la Plisan, en Salvaterra. La reunión en la Asociación de Empresarios de Mos (Aemos) buscaba frenar la marcha de compañías a Portugal. Además del presidente y el gerente de Aemos, Manuel Castro y Francisco Domínguez, estuvieron industriales que ya se reunieron con el alcalde de Valença, José Vaz Carpinteira, para continuar unas conversaciones iniciadas por firmas de Monte Faquiña (Mos) y a las que se unen otras de Cotogrande y O Gorxal (Vigo). En ambos casos, la problemática surgió a raíz de que los tribunales otorgaran la propiedad del suelo que ocupan las empresas a los comuneros. En Tameiga decidieron no respetar las condiciones de los contratos fijados por el Concello con las sociedades, que realizaron millonarias inversiones bajo la premisa de un canon y una concesión suficiente para garantizar la amortización del negocio. Algunas concesiones caducan, sin que se respeten siquiera los acuerdos alcanzados con el Concello para prorrogarlas, y que la entidad comunal pretende imponer un canon “desorbitado e inasumible”, con incrementos del 1200%. Aemos teme que en Cabral ocurra lo mismo y se abra la puerta a inseguridad a la propiedad privada.
La oferta del Puerto en la Plisan no convenció a los empresarios, que siguen inclinándose por Valença “por condiciones económicas, agilidad administrativa y seguridad jurídica”. Frente a las posibilidades de Salvaterra (suelo urbanizado a 53,20 euros anuales el metro), recordaron que en Portugal les ofrecieron entre 30.000 y 40.000 metros cuadrados urbanizado y preparado para ocupación inmediata. Allí tienen además en proyecto la ampliación del actual polígono en 400 hectáreas, está en marcha el desarrollo de una plataforma logística privada y existe la opción de contar con suelo industrial dependiente de comunidades vecinales en concesión y a precio simbólico. Todas estas alternativas son mucho más rápidas administrativamente y ofrecen, a juicio de los empresarios, una seguridad jurídica que hoy es el principal hándicap de las zonas industriales del sur de Vigo por la posición de algunas comunidades de montes. La oferta de la Plisan no mejora la disponibilidad y condiciones de la ofertada por el país luso. En la reunión se puso de manifiesto que el problema de la seguridad jurídica es el que más pesa sobre el empresariado para mantener la actividad en Galicia, “pues nada nos asegura –sostuvieron- que las comunidades de montes no reclamen también los terrenos de la Plisan”. Demandaron de las administraciones un cambio normativo que solucione el actual conflicto con los comuneros y evite que se reproduzca en más territorios. Aemos coincidió en que la primera opción es continuar con sus naves, pero que sin ese cambio normativo que debe impulsar la Xunta la inseguridad supone un gran obstáculo.
Fuente: Atlántico Diario